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2026/08/26 - 6:50 م

 


P : Abou Yassine
En las relaciones entre Estados existe una gran diferencia entre la presión política y el intento de imponer una voluntad mediante amenazas. El Reino de Marruecos no es un país al que se pueda arrinconar fácilmente, ni un Estado que pueda ser tratado bajo la lógica de que sus intereses económicos y de seguridad lo obligarán siempre a ceder.
Lo que está ocurriendo en el marco de las relaciones marroquí-españolas, especialmente después de la crisis de Ceuta y de la creciente tensión en torno a las fronteras y la migración, exige que Madrid comprenda que una escalada puede ser mucho más fácil de iniciar que de controlar. La crisis de Ceuta se ha convertido en una cuestión de presión para el Gobierno español y tiene repercusiones que van más allá de las fronteras, afectando a la política interna y a la relación con la Unión Europea.
Marruecos no es el eslabón débil.
Este es el mensaje que debería llegar a quienes creen que el Reino puede ser chantajeado mediante los expedientes de la migración, el comercio o la energía.
Durante los últimos años, Marruecos no ha permanecido dependiente de una única relación o de un solo mercado. Ha ampliado sus asociaciones económicas y sus inversiones, ha reforzado su posición como puerta de entrada entre Europa y África y ha consolidado el puerto de Tánger Med como uno de los principales activos logísticos de la región.
Sin embargo, el mayor peligro de cualquier aventura política consiste en creer que la economía puede utilizarse como arma sin consecuencias para quien la emplea.
España mantiene importantes intereses comerciales, económicos y empresariales en Marruecos, mientras que ambos países constituyen socios económicos relevantes el uno para el otro. Por ello, cualquier intento de utilizar la economía como instrumento de presión podría convertirse, si se lleva demasiado lejos, en una pérdida para ambas partes en lugar de una victoria de una sobre la otra.
En materia energética, el panorama es todavía más complejo que los discursos políticos. Marruecos importa parte de sus necesidades de gas a través de España y ambos países disponen de infraestructuras de interconexión eléctrica. España, por su parte, también forma parte de una amplia red de conexiones energéticas europeas y mediterráneas.
Por eso, quienes creen que la energía puede convertirse en un bastón para doblegar a Marruecos deberían volver a analizar el escenario en su conjunto.
Marruecos puede verse afectado por cualquier perturbación en una relación económica estratégica, algo absolutamente normal, pero al mismo tiempo puede buscar alternativas, diversificar sus fuentes y ampliar sus socios. España tampoco está en una posición que le permita pensar que una escalada con Marruecos carecerá de costes políticos, económicos y de seguridad.
Y existe otro expediente que no puede ignorarse: la migración y la seguridad.
La cooperación marroquí-española en este ámbito no es un asunto secundario, sino un interés común. Incluso el propio Gobierno español ha destacado la importancia de la cooperación con Marruecos para afrontar las consecuencias de la crisis de Ceuta, gestionar los retornos de quienes entraron irregularmente y reforzar el control fronterizo.
Por ello, convertir estos expedientes en instrumentos de presión política podría abrir la puerta a una crisis mucho mayor de lo que ambos países podrían controlar.
Marruecos no busca la confrontación, pero tampoco acepta un lenguaje de imposiciones.
Este es un punto fundamental que Madrid debería comprender.
La relación entre Marruecos y España es mucho más importante que un Gobierno de turno, una declaración política o una crisis fronteriza temporal. Es una relación basada en la geografía, la historia y en intereses económicos, de seguridad y humanos compartidos. Y debe gestionarse mediante la lógica de los intereses mutuos, no mediante una prueba de fuerza cuyo desenlace nadie puede predecir.
Marruecos ha cambiado.
Y sería un error que determinados círculos siguieran tratando al país como si fuera el Marruecos que esperaba siempre una decisión europea para actuar.
Marruecos hoy negocia, maniobra, diversifica sus alianzas y construye sus propias cartas de fuerza.
España, por su parte, debería preguntarse antes de elevar el tono de sus amenazas: ¿puede realmente asumir el coste de una crisis prolongada con un vecino situado al otro lado del Estrecho de Gibraltar y con el que mantiene una relación económica, de seguridad y geopolítica tan profunda?
La política no es una exhibición de fuerza.
Y los Estados fuertes no necesitan gritar.
El mensaje marroquí que debería entenderse con serenidad es claro: no queremos una escalada, pero no aceptamos el chantaje. No buscamos la ruptura, pero tampoco aceptamos que los intereses compartidos se conviertan en instrumentos de presión.
Quien pretenda poner a prueba la paciencia del Reino de Marruecos, debe calcular primero y con precisión el precio de esa prueba.